Tras el escándalo que supuso la filtración de los llamados papeles de Panamá, el pasado mes de octubre se hizo pública una nueva lista de sociedades opacas a nombre de diferentes personalidades que, esta vez, ha recibido el nombre de papeles de Pandora. Aunque la noticia no ha sido tan sonada como lo fueron en su día los papeles de Panamá, ha vuelto a poner sobre la mesa conceptos como sociedad offshore, paraíso fiscal o testaferro pero, ¿qué es una sociedad offshore y qué implicaciones legales tiene?
Una sociedad offshore no es más que aquella entidad registrada en un país en el que no ejerce actividad económica alguna. Así, en el momento en el que una sociedad de este tipo ejerza actividad económica en el lugar en el que se sitúa pasará a denominarse sociedad onshore. Aunque este tipo de sociedades se relacionan habitualmente con negocios fraudulentos, no son necesariamente ilegales, siempre y cuando sus titulares declaren en España que poseen inversiones en el extranjero. Esto deberá hacerse mediante el modelo informativo 720 que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria pone a disposición de los contribuyentes. Aquellos propietarios de sociedades offshore que no declaren sus inversiones extranjeras en España pueden incurrir en un delito contra la Hacienda Pública, siempre y cuando la cantidad defraudada ascienda a más de 120.000 euros, que se castiga con una pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al sextúplo de la suma indicada.
No obstante, es cierto que en los últimos años se ha convertido en una práctica relativamente común la creación de sociedades offshore con el fin de eludir el cumplimiento de leyes nacionales. Es precisamente por este motivo por el que habitualmente se sitúan en países considerados paraísos fiscales, que no solo ofrecen grandes ventajas a nivel fiscal, sino que además suelen caracterizarse por su opacidad. Esto implica que resulte extremadamente complicado acceder a información que en España es pública y fácilmente accesible, como el objeto social, las cuentas anuales o los socios de la empresa. Como consecuencia de ello, los paraísos fiscales se convierten en un lugar habitualmente elegido para la creación de sociedades con la finalidad de ocultar bienes, rendimientos o ingresos, generalmente de acreedores o entidades bancarias, así como activos obtenidos de forma ilegal en el país de origen. Con la creación de una sociedad offshore sus propietarios dificultarían, por ejemplo, el embargo de ciertos bienes por un juzgado español.
Su constitución, además, suele ser rápida, sencilla y poco costosa. En estos países es común la existencia de despachos de abogados especializados en la creación y gestión de este tipo de sociedades, incluso en algunos de ellos exigen la figura del denominado agente residente, que podríamos definir como el representante legal de la empresa. Suele ser su nombre el único que figura en los datos de la sociedad y se encarga de la realización de ciertos trámites, como el registro de la empresa y el pago de las tasas.
En cuanto a qué requisitos debe tener un país para que pueda ser considerado paraíso fiscal, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) establece cuatro características básicas:
– Ausencia de tributación o tributación meramente nominal.
– Ausencia de transparencia.
– Existencia de leyes o prácticas administrativas que, con fines fiscales, evitan el intercambio de información entre países.
– La no exigencia de actividad en el territorio en el que una sociedad está domiciliada.
Por tanto, una sociedad offshore no es solo una empresa ilícita creada para la evasión de impuestos, sino que sus implicaciones legales son mucho más complejas.
