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Vacunas covid-19: ¿Puede la empresa imponer a sus trabajadores la vacunación obligatoria?

En plena pandemia, se ha abierto un nuevo debate sobre si las empresas pueden exigir a sus trabajadores la vacunación contra el COVID-19. Ante el miedo a una nueva paralización de la economía, muchas empresas buscan la inmunidad en su plantilla para proteger a sus trabajadores, disminuir el absentismo laboral e impedir más bajas por riesgo de contagio.

En primer lugar, debemos destacar que nuestro ordenamiento jurídico no incorpora de manera explícita el deber de vacunación. Por lo que, salvo que en un futuro se apruebe una norma por las Autoridades Sanitarias que establezcan la obligatoriedad de las vacunas, la misma, por el momento, no puede ser impuesta. De igual forma, el artículo 2.3 de la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente establece como principio básico que todo paciente o usuario tiene derecho a negarse a un tratamiento (en este caso, a la vacunación) bajo el principio del consentimiento informado.

En este contexto de ausencia de regulación específica, es donde se crea este debate en el marco de las relaciones laborales sobre la posibilidad de que la empresa obligue a sus empleados a ser vacunados o imponer medidas disciplinarias en caso de negativa de alguno de ellos. Como decíamos anteriormente, la respuesta será negativa en base a los siguientes argumentos:

  • Actualmente, ni la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) ni ninguna otra norma impone la vacunación como tratamiento preventivo obligatorio.
  • Algunas voces se apoyan en que se podría abrir la puerta a la exigencia de vacunación argumentando que las empresas tienen la obligación de garantizar la seguridad de todos sus trabajadores, y hacen mención expresa a que esto es una obligación y no una opción para el empresario. El fundamento jurídico se encontraría en el artículo 22 de la LPRL sobre la obligación de la vigilancia en la salud del empresario y la asimilación de la vacunación con los reconocimientos médicos. Esta normativa establece que como regla general los reconocimientos médicos sólo se realizan si son aceptados voluntariamente por el trabajador. No obstante, continúa la norma diciendo que se exceptuaría el carácter voluntario en los supuestos que puedan constituir un peligro para el trabajador, los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando esté establecido por una disposición legal.

En definitiva, pese a que se trata de un debate abierto, mientras no exista una norma que especifique la obligatoriedad de la vacunación, las empresas no podrán exigir la vacunación para el Covid-19 a sus trabajadores, primando sus derechos fundamentales a la integridad e intimidad (art. 15 y 18 Constitución Española).

No obstante, las empresas sí podrán recomendar expresamente a sus trabajadores la vacunación, además de insistir en el cumplimiento de todas las medidas de protección, dado que tienen la obligación de garantizar la salud y seguridad en todos sus centros de trabajo.

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