El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha dictado el martes 3 de marzo de 2020 la sentencia sobre el cuestionado índice hipotecario IRPH, estableciendo que los jueces podrán sustituirlo de las hipotecas por otro índice legal, como pudiera ser el euríbor, si consideran que su comercialización no fue clara y suficientemente transparente.
Las entidades españolas se juega miles de millones de euros por las hipotecas referenciadas a este índice de precios sobre los préstamos para la compra de vivienda. La media de las cantidades a devolver por hipoteca ascendería aproximadamente a unos 15.000 euros. El TJUE deja en manos de los jueces españoles la decisión de anular, caso a caso, el índice IRPH de las hipotecas si comprueban que su venta no fue suficientemente \»clara y comprensible\».
El TJUE establece que “no solo deberán ser comprensibles en un plano formal y gramatical, sino también permitir que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del modo de cálculo del referido tipo de interés y de valorar así, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de dichas cláusulas para sus obligaciones financieras”.
Visto el contenido de la sentencia, como ya ocurrió con la falta de transparencia de otras cláusulas hipotecarias, como la cláusula suelo, es posible que las entidades intenten llegar a acuerdos perjudiciales para los consumidores, firmando transacciones o contratos de renuncia al ejercicio de acciones legales, a fin de evitar las reclamaciones judiciales.
Le invitamos a consultar con nuestro departamento de derecho bancario en cuanto detecte que su hipoteca contiene una cláusula IRPH, evitando firmar cualquier documento con las entidades financieras relacionadas con esta cuestión.

Caso de éxito: Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra sobre extinción de la fianza en caso de venta directa con cancelación de hipoteca en el concurso
En la presente sentencia número 183/23, la Audiencia Provincial de Pontevedra desestimó un recurso de apelación interpuesto por una entidad bancaria contra sentencia dictada en