En esta época convulsa, y dada la situación económica del país y la necesidad de incrementar los ingresos públicos que puedan satisfacer el creciente gasto social del Estado, y por otra para dar salida a la ratificación de la lucha de los países europeos contra el fraude por el contexto jurídico en la cual nos encontramos como Unión Europea, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Sólo queda el trámite de aprobación parlamentario para dar luz verde a la batería de medidas que planea el Ministerio para frenar el Fraude.
Entre las numerosas medidas destaca la limitación del pago en efectivo entre profesionales y empresarios, el cual actualmente se establece en 2.500 €, pero que se pretende rebajar hasta los 1.000 €.
Según el Gobierno los pagos en efectivo facilitan los comportamientos defraudatorios, y para profundizar en la lucha contra el fraude, se hace necesario disminuir el límite general.
Cabe destacar que esta medida solo es contemplada para profesionales y empresarios, sin afectar a las economías domesticas o particulares, que seguirán estando en 2.500 € como máximo.
Además, se disminuirá el imite de pago en efectivo de 15.000 € a 10.000 € euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.
Recordemos que el incumplimiento de estas limitaciones supone la constitución de infracción administrativa, que además pueden ser infractores tanto los que paguen como los que reciban. Infracción que conllevará una multa del 25 por ciento del pago realizado superando dichos límites.
Este nuevo anteproyecto aún no tiene fecha prevista en la que entrará en vigor, dado que se tienen que ratificar por las Cortes, pero se prevé que sea aprobado en el final de 2020 o principios del 2021.
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