Cada día es más frecuente que los consumidores exijan, a las empresas, un determinado comportamiento ético en sus actividades productivas, laborales, comerciales y sociales. Se recrimina a las corporaciones comportamientos contrarios a los valores sociales relevantes y, por aquellos se les castiga evitando el consumo de sus productos o servicios.
Entre otros muchos comportamientos que podríamos denominar impopulares, destacan en la actualidad los que se derivan de: La falta de respeto por los derechos de los trabajadores y de la infancia, tanto de respecto de los que dependen directamente de la corporación, como de los que lo hacen de otras empresas con las que aquella contrata; La falta de atención al medio ambiente y al sufrimiento de los animales; El fomento de comportamientos machistas o la discriminación femenina; La intolerancia respeto de minorías, razas, o religiones; Etc.
Empapadas de esta realidad, las empresas, poco a poco, van consolidando en su propia condición, lo que ha venido a llamarse la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), Incardinando en sus estructuras sistemas ordenandos que intentan fomentar una cultura de cumplimiento de los principios éticos de mayor valor social, a la vez que se adoptan las medidas más adecuadas para evitar la realización de actividades proscritas por la sociedad.
La adopción de protocolos de cumplimiento, tanto de las normas legales, como de aquellas otras que la colectividad entiende como fundamentales pero que no aparecen recogidas en las normas de obligado cumplimiento, disciplina a las corporaciones hacia un alto nivel de compromiso social.
Curiosamente, el resultado, aunque se incrementen los costes de la compañía, acaba por determinar la creación de una marca de elevado valor social. Una marca que ampara productos o servicios que se identifican con el consumidor, con su esencia personal, y por los que éste está dispuesto a satisfacer un precio mayor. Al fin, el mayor gasto se transforma en un mayor ingreso en virtud del incremento significativo de valor añadido.
Se alcanza así un nuevo equilibrio entre la dimensión económica y social de la empresa, de forma que, la corporación, con un comportamiento que se extiende más allá del estricto cumplimiento de las normas, satisface las exigencias sociales y resulta premiada con una mayor fidelización de sus clientes. Una nueva filosofía que obtiene rendimiento económico del compromiso social, a plena y mutua satisfacción entre la empresa y el consumidor.
Llegamos así a definir como empresa socialmente responsable, aquella que incorpora a su proceso de toma de decisiones, el valor del impacto de sus acciones en las comunidades, en los trabajadores, en el medio ambiente y en cualesquiera proyectos sociales, científicos, culturales, etc. de general aceptación, integrándolos efectivamente a sus propios intereses, procesos y resultados.
En Lois Carrera Abogados, S.L.P. te asesoramos sobre los acuerdos y convenciones que debes adoptar a fin garantizar con clientes y proveedores un compromiso social del que, cada día más empresas se sienten orgullosas.
